No hay por quien votar.

Fue el contenido que se leía en más de una pancarta de las utilizadas en el proceso electoral realizado el pasado 6 de noviembre en la República de Nicaragua para escoger al presidente de la República, vicepresidente y diputados al Parlamento Centroamericano y la Asamblea Nacional, también el argumento utilizado por las fuerzas opositoras al gobierno del actual presidente de ese país centro americano Daniel Ortega que no participaron en esas elecciones generales convocadas.

Convocatoria realizada en el marco constitucional pero precedida por un conjunto de acciones cuya similitud con las que hemos visto en Venezuela nos hace pensar que la coincidencia no es producto de la casualidad, al contrario, es el reflejo de un proceso que ha venido tomando cuerpo en nuestra América Latina y que pareciera con las limitaciones institucionales que también intenta penetrar otros espacios tanto en Norteamérica como en Europa.

La oposición Nicaragüense estuvo ausente de tan importante proceso de legitimación y expresión de la voluntad de los ciudadanos porque el gobierno de Daniel Ortega se había encargado desde el año 2007 cuando regresaron al poder, de aniquilar a la oposición en su país, apoderarse del Parlamento y tener el pleno control de los otros poderes del estado, prueba de ello fue la decisión del Consejo Supremo Electoral de quitarle representación legal al Partido Liberal Independiente, principal agrupación política de la Coalición opositora, luego de un fallo de la Corte de justicia cuyos magistrados son acusados de obedecer directamente las órdenes del presidente Ortega y la posterior destitución de 28 diputados opositores del Parlamento Nacional. Conscientes estaban que esas elecciones no eran transparentes, libres ni tampoco competitivas.

Ortega perdía su legitimidad de origen desde el momento que la oposición duramente atacada y sometida decidió no participar convirtiéndolo en el único candidato importante en los comicios que la oposición había catalogado como “farsa electoral”.

Pero no solo la dirigencia política, también la Conferencia Episcopal nicaragüense se había pronunciado de manera contundente en un duro comunicado de todos los obispos deplorando el intento de implantación de un régimen de partido único en el país, haciendo desaparecer la pluralidad ideológica, cuestión absolutamente nociva para la democracia y el país. Se cerraban así las puertas de la vía electoral en Nicaragua y se le robaban al pueblo su derecho a votar libremente, expresaban los más connotados analistas.

La decisión del presidente Daniel Ortega de prohibir observadores independientes que verificaran la transparencia de las elecciones complementa el coctel de genuinas dudas sobre el proceso electoral convocado y que persiguió una reelección para mantener a un régimen que se cuela a costa de vender un gobierno basado en programas sociales denunciados como una nueva forma de clientelismo  orientado más a comprar lealtades que a cambiar la realidad de los más pobres de la población en el país que sigue siendo el segundo más pobre del hemisferio, después de Haití.

A ello le sumamos la represión e intimidación que afirman se utiliza para amedrentar a las voces opositoras, así como la existencia de una “alianza de silencio”; con los grandes grupos empresariales, a los que acusan de aceptar el sacrificio de importantes principios democráticos a cambio de estabilidad.

Pero no solo las acciones oficialistas hicieron mella en el desánimo de los electores cuya abstención rondo el 42% de acuerdo a los números de las encuestadoras más reconocidas, también el discurso opositor dedicado a la institucionalidad y la norma democrática alejo a esos representantes de la conexión con las demandas sociales y problemas de la gente y la imposibilidad de lograr la unidad real sin duda alimento y coadyuvo para las pretensiones de los que algunos llaman “dictadura”.

Así fueron las cosas las cosas y así son las pretensiones de quienes quieren hacer desaparecer la disidencia venezolana para mantenerse en el poder. Saben que en buena lid y en igualdad de condiciones jamás podrían superar el descontento y la decepción, se saben superados por sus errores y equivocaciones y no les queda más que apelar a su control para someternos a procesos diseñados para no ser cumplidos, para que las metas no sean alcanzadas y justificar la desaparición de organizaciones que no aceptamos la implantación de ninguna nueva dictadura en Venezuela. 

Deyalitza Aray